Revisión de la Ley CLARITY en el Senado Argentino

El Senado de Argentina tiene prevista una revisión del proyecto de ley sobre la estructura del mercado cripto, conocido como Ley CLARITY, para enero de 2026. Este avance marca un paso significativo hacia la regulación de los activos digitales en el país, en medio de debates intensos sobre la independencia regulatoria.

David Sacks, zar de IA y cripto de la Casa Blanca, anunció en redes sociales que los senadores Tim Scott y John Boozman supervisarán la revisión de la legislación, que ya fue aprobada por la Cámara con un respaldo bipartidista. A pesar de que el interés por regular el mercado cripto es creciente, permanecen las tensiones entre los diferentes actores políticos.

“Es una preocupación profunda”, declaró el senador Cory Booker, expresando su desconfianza sobre las garantías de nombramientos demócratas para la SEC y la CFTC.

Preocupaciones sobre la privacidad y competencia en el mercado

Kadan Stadelmann, director de Tecnología de Komodo Platform, advirtió que la Ley CLARITY podría favorecer a las empresas bien capitalizadas y poner en riesgo la privacidad financiera al requerir la recopilación de datos y verificación de identidad. En su opinión, este enfoque podría perjudicar a las startups y conducir a una mayor centralización del poder en el sector.

Implicaciones para el ecosistema cripto en Argentina

La discusión sobre esta ley se produce en un contexto donde la adopción de criptomonedas y la creación de startups de tecnología financiera están en aumento en Latinoamérica. La Ley CLARITY no solo definiría la jurisdicción regulatoria entre las instituciones financieras, sino que también podría establecer un precedente importante para la regulación de criptomonedas y servicios relacionados en la región.

¿Qué esperar en enero?

Con la llegada de enero de 2026, se anticipa un intenso debate en el Senado sobre el futuro de la Ley CLARITY y su impacto en el ecosistema cripto argentino. La circulación de estas noticias resalta la importancia de un marco regulatorio claro y justo, que promueva la innovación sin comprometer la privacidad de los usuarios ni la competencia en el sector.